Laboratorio de educación para la reinserción social. Un modelo para institucionalizar el diseño, la oferta, la implementación, el seguimiento y la evaluación de la educación de calidad en el ámbito penitenciario y postpenitenciario en Jalisco.

La educación es uno de los principales factores protectores de la violencia y el delito, así lo establece el Plan Nacional de Paz y Seguridad (PNPS), 2018-2024, y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD, 2022-2024), tiene como Objetivo prioritario 5, Impulsar la reinserción social para transitar hacia una cultura de paz y legalidad.

Asimismo, el apartado 7 del Plan Nacional “Recuperación y dignificación de las cárceles”, menciona que el Gobierno Federal actuará en consencuencia con la premisa de que las conductas antisociales son producto en mayor medida de las circunstancias y que la reinserción es posible, mediante la educación, el empleo y el bienestar (PNPS, 2018, pág. 14).

Para que las personas privadas de la libertad (PPL) y las que cumplen alguna medida en externamiento (PMEE) puedan acceder al derecho a la educación —formal e informal—, se requiere un esfuerzo interinstitucional para garantizar el desarrollo de saberes, conocimientos y habilidades que permitan a esta población reconfigurar sus contextos y circunstancias.

Con base en esta premisa, y aunado a que existe evidencia de que quienes han cometido un delito tienen mayor propensión a permanecer en la esfera delictiva de diversas formas, por lo que es necesario una intervención conjunta del Estado, la academia y la sociedad civil en su conjunto, se propone, en el marco del Laboratorio educación, pedagogía social y cárceles del Departamento de Estudios en Educación (DEEDUC), del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara (UDG), un diagnóstico de las necesidades de educación en el ámbito penitenciario y postpenitenciario, así como un análisis de la oferta educativa y de capacitación para el empleo, con el objetivo de contribuir a la institucionalización de prácticas promisorias para garantizar de forma efectiva el derecho a la educación de las PPL y las PMEE.